Buscar caminos alternativos al callejón de la estabilidad fiscal aprobada en los ’90, que restringe el cobro de impuestos a un listado de tributos que tiene vigencia por treinta años, y tener un Estado nacional activo ante las causas penales por contaminación ambiental. Ésos son los resquicios políticos y judiciales por los que se podría avanzar para proteger la salud pública y garantizar que la actividad minera deje mayores ganancias fronteras adentro. Así lo analizó el fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien sigue de cerca los procesos contra minera La Alumbrera, en Catamarca.
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