Desigual. Los vecinos intentan, a punta de pala, contrarrestar el avance de las topadoras de Colony sobre el Anguilas.
“Llegar a una isla y olvidarse de todo”. Eso prometen desde su página web los empresarios de Colony Park para atraer clientes al lujoso barrio privado que construyen en el corazón del delta del Tigre, un complejo habitacional que avanza a la misma velocidad crucero con la que arrasa con uno de los humedales más importantes del mundo; también con los isleños y sus casas.
El avance de las topadoras no sólo afecta al ecosistema con la tala y la alteración del curso de los ríos y arroyos; lo hace también con la ley: el emprendimiento progresa sin los permisos oficiales en regla, sin los informes de impacto ambiental aprobados y ante la inacción de la Municipalidad de Tigre (encabezada por el ex jefe de Gabinete Sergio Massa), del gobierno bonaerense y el nacional y bajo la mirada piadosa de la Prefectura Naval Argentina.
En junio de 2008, Crítica de la Argentina informó que la intendencia de Tigre había frenado el avance de las obras que se desarrollaban en 300 hectáreas del Delta, una zona de incalculable importancia ambiental que la empresa constructora adquirió en apenas 30 mil pesos y por la que espera recaudar 280 millones de dólares. Consideraba “irregulares” los permisos y ordenaba la clausura de los trabajos. Pero lejos de frenarse, las obras siguieron. Con todo y contra todo.
Lo que está haciendo Colony Park es, inicialmente, levantar el terreno. Tiene varias dragas aspirando barro del fondo de los ríos y arroyos que rodean el predio para subir su superficie con terraplenes de 3 a 4 metros de altura. Ese dragado está causando un daño irreversible a las condiciones ambientales del lugar. Para poder hacerlo requiere autorizaciones que la firma del empresario Hugo Damián Schwartz no tiene.
Así lo confirmaron a Crítica de la Argentina funcionarios de Tigre, de la Provincia y de la Nación. Desde Colony Park no respondieron a los llamados –más de 20 en poco más de un mes– para que defienda sus obras: derivaron la respuesta a su abogado, Agustín Rodríguez, quien, pese a varias promesas de su secretaria, nunca devolvió los llamados.
Para ver la nota completa hacé clic acá.
El avance de las topadoras no sólo afecta al ecosistema con la tala y la alteración del curso de los ríos y arroyos; lo hace también con la ley: el emprendimiento progresa sin los permisos oficiales en regla, sin los informes de impacto ambiental aprobados y ante la inacción de la Municipalidad de Tigre (encabezada por el ex jefe de Gabinete Sergio Massa), del gobierno bonaerense y el nacional y bajo la mirada piadosa de la Prefectura Naval Argentina.
En junio de 2008, Crítica de la Argentina informó que la intendencia de Tigre había frenado el avance de las obras que se desarrollaban en 300 hectáreas del Delta, una zona de incalculable importancia ambiental que la empresa constructora adquirió en apenas 30 mil pesos y por la que espera recaudar 280 millones de dólares. Consideraba “irregulares” los permisos y ordenaba la clausura de los trabajos. Pero lejos de frenarse, las obras siguieron. Con todo y contra todo.
Lo que está haciendo Colony Park es, inicialmente, levantar el terreno. Tiene varias dragas aspirando barro del fondo de los ríos y arroyos que rodean el predio para subir su superficie con terraplenes de 3 a 4 metros de altura. Ese dragado está causando un daño irreversible a las condiciones ambientales del lugar. Para poder hacerlo requiere autorizaciones que la firma del empresario Hugo Damián Schwartz no tiene.
Así lo confirmaron a Crítica de la Argentina funcionarios de Tigre, de la Provincia y de la Nación. Desde Colony Park no respondieron a los llamados –más de 20 en poco más de un mes– para que defienda sus obras: derivaron la respuesta a su abogado, Agustín Rodríguez, quien, pese a varias promesas de su secretaria, nunca devolvió los llamados.
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